Por Dr. Juan Pablo Guiscafré Valdez
La discusión sobre la reforma laboral volvió a ocupar el centro de la agenda pública. Pero esta vez no por un nuevo proyecto ni por una decisión del Congreso, sino porque la Justicia Nacional del Trabajo resolvió suspender cautelarmente la aplicación de 83 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno.
La medida fue dictada luego de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad junto con una medida cautelar. En otras palabras: la discusión de fondo sobre si la reforma es o no constitucional todavía no está resuelta, pero mientras tanto esos artículos no pueden aplicarse.
No se trata de una cuestión menor. La decisión judicial afecta algunos de los cambios más sensibles del régimen laboral argentino: teletrabajo, tercerización, derecho de huelga, plataformas digitales, indemnizaciones y representación sindical.
¿Qué decidió la Justicia?
El Juzgado Nacional del Trabajo entendió que existían dos requisitos indispensables para dictar una cautelar: Verosimilitud del derecho, el peligro en la demora. La verosimilitud del derecho significa que, al menos en esta etapa preliminar, el planteo de la CGT no aparece como manifiestamente improcedente. El peligro en la demora, por su parte, supone que si la reforma comenzaba a aplicarse de inmediato, podrían generarse daños difíciles o imposibles de reparar más adelante.
Por eso, la Justicia suspendió temporalmente la vigencia de los artículos cuestionados hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad.
La acción principal fue iniciada bajo la forma de una acción declarativa prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta utilizada justamente cuando existe incertidumbre sobre la validez constitucional de una norma.
La clave del fallo: evitar un daño irreparable
El argumento central del fallo es sencillo: si los artículos se aplicaban y luego, meses después, eran declarados inconstitucionales, el perjuicio para muchos trabajadores ya se habría producido. Podría haber trabajadores despedidos bajo nuevas reglas indemnizatorias, personas excluidas de la protección laboral por trabajar en plataformas digitales, conflictos sindicales limitados por restricciones al derecho de huelga o empresas tercerizadas liberadas de responsabilidad frente a incumplimientos.
En ese punto, la Justicia consideró que correspondía actuar de manera preventiva.
Como explicó el Estudio Jurídico Mogliani en uno de los primeros análisis publicados tras el fallo, la medida cautelar se funda en la necesidad de impedir una “afectación inmediata de derechos laborales de jerarquía constitucional”, especialmente cuando están en juego principios históricos del derecho del trabajo.[1]
¿Qué artículos quedaron suspendidos?
Aunque la lista completa es extensa, los artículos más relevantes suspendidos son aquellos que modificaban:
El régimen de teletrabajo.
La responsabilidad solidaria en los casos de tercerización.
El principio protectorio y el criterio “in dubio pro operario”.
Las reglas sobre huelga y representación sindical.
La situación jurídica de los trabajadores de plataformas digitales.
El cálculo de indemnizaciones y ciertas reglas sobre despido.
La creación de nuevos mecanismos de asistencia laboral.
Un debate jurídico legítimo, pero con límites
Es importante aclarar algo: este fallo no significa que toda reforma laboral sea necesariamente inválida. La discusión sobre modernizar las relaciones laborales existe en muchos países y también existe en Argentina. Es razonable debatir cómo adaptar las normas a nuevas formas de trabajo, a la economía digital o a las necesidades de pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, toda reforma tiene un límite: no puede implicar una regresión incompatible con derechos protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Desde esa perspectiva, la decisión judicial no clausura el debate, sino que obliga a discutirlo dentro de los límites constitucionales.
Las distintas opiniones de los especialistas
El fallo generó posiciones muy diferentes dentro del ámbito jurídico.
El abogado laboralista Julián De Diego, uno de los juristas vinculados a la elaboración de la reforma, cuestionó duramente la decisión.[2] Sostuvo que la Justicia no debió intervenir antes de que existiera un caso concreto y planteó que el fuero laboral no tendría competencia suficiente para suspender la aplicación de una norma de alcance general.
En cambio, otros especialistas defendieron la cautelar.
El análisis publicado por Errepar sostuvo que la suspensión era razonable porque la aplicación inmediata de la reforma podía producir efectos irreversibles en materia de despidos, teletrabajo, tercerización y representación sindical.[3] ¿Qué puede pasar ahora? La decisión todavía no es definitiva. El Gobierno ya anunció que apelará la medida.
Por lo tanto, es probable que la discusión continúe en la Cámara Nacional del Trabajo y eventualmente llegue a la Corte Suprema.Hasta que eso ocurra, los artículos suspendidos no pueden aplicarse.
Fuentes y referencias
[1] Estudio Jurídico Mogliani, “Freno judicial a la reforma laboral: suspenden la aplicación de más de 80 artículos”. https://www.estudiojuridicomogliani.com.ar/blog/actualidad/freno-judicial-a-la-reforma-laboral-suspenden-la-aplicacion-de-mas-de-80-articulos.html
[2] Infobae, “El abogado que redactó la reforma laboral cuestionó la competencia del juez que suspendió 83 artículos de la ley”, con declaraciones de Julián De Diego. https://www.infobae.com/politica/2026/03/30/el-abogado-que-redacto-la-reforma-laboral-cuestiono-la-competencia-del-juez-que-suspendio-83-articulos-de-la-ley/
[3] Errepar, “Reforma laboral: la Justicia suspende la aplicación de más de 80 artículos de la ley 27.802”. https://documento.errepar.com/actualidad/reforma-laboral-la-justicia-suspende-la-aplicacion-de-mas-de-80-articulos-de-la-ley-27-802-20260330155300225
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